En el límite conocido como la Milla 201, que marca el alcance de la soberanía marítima del país, se concentran estratégicamente cientos de embarcaciones extranjeras que operan en actividades de pesca no regulada, tanto en aguas adyacentes como, en algunos casos, dentro de jurisdicción argentina. Esto plantea una pregunta clave: ¿qué países están detrás de estas prácticas?
De acuerdo con informes especializados, cada temporada se registran entre 300 y 500 buques pesqueros extranjeros en esa zona. Detrás de estas operaciones no solo existen actores privados, sino también estructuras logísticas con respaldo estatal. Sin embargo, al identificar a los principales responsables, destaca claramente un país: China, cuya flota domina ampliamente la actividad pesquera en las cercanías de la Milla 201. Según diversas fuentes, cuenta con al menos 500 embarcaciones operando en el área.
Junto a China, otros países también mantienen presencia activa y son sospechados de participar en prácticas de pesca ilegal dentro o en los límites de la ZEEA. Entre ellos se encuentran Taiwán, Corea del Sur, España y Portugal. Con el paso del tiempo, esta participación se ha incrementado, configurando un escenario más complejo en el Atlántico Sur.
Durante el presente año, la Prefectura Naval Argentina (PNA), en coordinación con la Armada Argentina (ARA), detectó e intervino en varios casos de buques con bandera española y portuguesa que ingresaron a la ZEEA realizando maniobras compatibles con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre. Estas acciones fueron consideradas indicios claros de actividad ilegal.
Otra práctica frecuente entre los operadores extranjeros es el uso de banderas de conveniencia, particularmente de países como Vanuatu y Camerún. Este mecanismo permite ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las embarcaciones, que en muchos casos corresponden a empresas chinas, taiwanesas y, en menor medida, a compañías de Corea del Sur, España y Portugal. En los últimos años, estas estrategias se han intensificado en la región.
Frente a este escenario, la lucha contra la pesca ilegal se ha convertido en una prioridad para el Estado argentino. A través de la Prefectura Naval y la Armada, se busca reforzar las tareas de control y vigilancia. En este marco, Argentina firmó recientemente un acuerdo de cooperación con la Armada de Estados Unidos para mejorar las capacidades de monitoreo, detección y patrullaje en el Mar Argentino. Esta iniciativa, sin embargo, ha generado debates internos y cuestionamientos en distintos sectores políticos, que reclaman mayor claridad sobre los alcances del acuerdo.
