Una controversia rodea a un megaproyecto minero que prevé trasladar desde China una ciudad modular destinada a alojar a unos 5.000 trabajadores, generando críticas en la industria local.
El proyecto, enmarcado en el régimen RIGI y ubicado en la provincia de San Juan, enfrenta a empresarios argentinos con promotores de inversión extranjera debido a su impacto sobre el empleo y la cadena de valor nacional.
La adjudicación del campamento Batidero, parte de un ambicioso proyecto cuprífero, fue otorgada a un consorcio liderado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la empresa argentina RAFA S.A. La propuesta contempla la importación de módulos habitacionales prefabricados desde China para conformar una ciudad completa en la cordillera, lo que despertó un fuerte rechazo en sectores industriales locales.
Inicialmente, el complejo tendrá capacidad para 2.500 personas, aunque el sistema de rotación laboral elevará la cifra a entre 3.500 y 5.000 trabajadores. A medida que avance el proyecto, podría requerirse alojar hasta 12.000 personas, ampliando la infraestructura a unas 6.000 plazas. Los módulos, fabricados en acero y completamente equipados, están diseñados para ensamblarse rápidamente en condiciones extremas.
El consorcio asiático presentó una oferta de 52 millones de dólares, superando a la empresa argentina Modular Homes, que había cotizado 70 millones. No obstante, esta diferencia representa apenas una fracción mínima dentro de la inversión total del proyecto Vicuña, estimada en 18.000 millones de dólares.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular, su presidente Juan Pablo Rudoni advirtió que la decisión perjudica directamente a la industria nacional. Según sus estimaciones, producir los módulos en Argentina tendría un costo de unos 1.300 dólares por metro cuadrado, frente a los aproximadamente 700 dólares del producto chino incluyendo transporte. Sin embargo, subrayó que el ahorro global es marginal y que la producción local habría generado más de 400 empleos directos, frente a los cerca de 50 necesarios para el montaje de los módulos importados.
El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, se perfila como uno de los mayores emprendimientos mineros del país, con una inversión proyectada hasta 2040. Su objetivo es posicionar a Argentina como un actor clave en la exportación de cobre, con una producción anual estimada de 400.000 toneladas durante 25 años.
Uno de los principales reclamos del sector empresarial es la desigualdad en las condiciones de competencia. Según Rudoni, las empresas chinas cuentan con subsidios estatales y además acceden a beneficios fiscales del RIGI, lo que puede reducir sus costos hasta en un 30%. Esto, afirma, coloca a las compañías locales en clara desventaja.
El sector sostiene que la industria nacional tiene capacidad suficiente para abastecer proyectos de gran escala. Existen más de cien empresas especializadas, con una fuerte integración de insumos locales. Como ejemplo, se mencionan campamentos energéticos para 1.600 personas y la rápida construcción de hospitales modulares durante la pandemia, lo que demostraría la capacidad instalada.
El impacto en el empleo es uno de los puntos más sensibles: al importar los módulos, gran parte del valor agregado se genera fuera del país, dejando a proveedores locales con una participación marginal. Además, se cuestiona la calidad de los módulos importados en relación con las exigencias sísmicas y climáticas de la región andina.
Este caso refleja un dilema más amplio entre atraer inversiones extranjeras y fortalecer la industria local. Aunque el RIGI busca incentivar grandes proyectos mediante beneficios fiscales, sus efectos sobre la producción y el empleo generan preocupación.
Representantes empresariales han solicitado abrir instancias de diálogo con las compañías mineras para revisar los criterios de adjudicación y promover una mayor participación nacional. También advierten que priorizar únicamente el precio puede debilitar el desarrollo industrial a largo plazo.
El campamento importado funcionará como base inicial del proyecto, y sus impulsores destacan la rapidez de instalación y la posibilidad de ampliación. Sin embargo, para muchos actores locales, la diferencia de costos —inferior a lo esperado en relación con el impacto total— no justifica el costo social y económico.
El debate sobre cómo lograr que las grandes inversiones generen beneficios concretos para la economía argentina sigue abierto, y el desenlace de este caso podría marcar el rumbo de futuros proyectos estratégicos en el país.
