La reciente aprobación por decreto del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) generó una fuerte reacción dentro de la oposición, particularmente en el bloque de Unión por la Patria. El presidente Javier Milei, con el respaldo de su ministro de Economía, Luis Caputo, decidió recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con un programa financiero con el FMI, eludiendo el proceso legislativo tradicional. Esta decisión ha desatado una serie de acusaciones y denuncias legales que cuestionan la constitucionalidad de la medida y la transparencia del gobierno.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Los diputados del bloque de Unión por la Patria, entre ellos Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi, presentaron una denuncia penal contra Javier Milei por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En su acusación, sostienen que la aprobación del acuerdo con el FMI por medio de un DNU vulnera varias cláusulas constitucionales, en especial aquellas relacionadas con el control legislativo sobre el endeudamiento del país. La denuncia también menciona específicamente la Ley 27.612, conocida como la “Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, que establece reglas claras sobre cómo debe manejarse la deuda externa y cómo debe autorizarse cualquier endeudamiento significativo.
El DNU en cuestión, aún no publicado en el Boletín Oficial, ha sido considerado por la oposición como un intento del presidente de eludir al Congreso, donde se prevé una mayor resistencia al acuerdo con el FMI. Según el ministro Luis Caputo, la aprobación rápida del acuerdo era “de necesidad y urgencia”, dado el contexto económico del país, pero en las palabras del funcionario también se puede leer una clara referencia a la imposibilidad de contar con el respaldo del Congreso, que está bajo control del kirchnerismo en el Senado. “Si mandábamos esto a las dos cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista y el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, se iba a demorar y mucho”, afirmó Caputo, provocando la ira de los diputados de Unión por la Patria.
La denuncia presentada por la oposición argumenta que el uso de un DNU para aprobar un acuerdo de endeudamiento con el FMI es ilegal, ya que viola varias disposiciones de la Constitución Nacional, específicamente los artículos 75, incisos 4°, 7° y 22°, que otorgan al Congreso la facultad exclusiva de autorizar la toma de deuda externa. Además, sostienen que la medida transgrede el artículo 76 de la misma constitución, que regula el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, estableciendo que solo pueden ser utilizados en casos de “gravedad” y no para decisiones de política económica tan trascendentales como un acuerdo con el FMI.
El caso ha sido presentado ante la Justicia, con el juez Sebastián Ramos como encargado de determinar si existe mérito para investigar la denuncia. El fiscal Carlos Alberto Rívolo, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2, ya ha comenzado la investigación, y se espera que en los próximos días se definan los pasos a seguir.
La denuncia pone de relieve el creciente malestar en la oposición por la forma en que el gobierno de Milei maneja las decisiones clave sin el debido proceso legislativo, y cuestiona la falta de transparencia en un acuerdo que implica una nueva deuda externa para el país. Para Unión por la Patria, la aprobación por decreto de este tipo de acuerdos no solo es inconstitucional, sino también una forma de consolidar el poder del ejecutivo, debilitando el rol del Congreso como órgano de control y la representación popular.
Este episodio subraya la polarización política en Argentina y refleja la tensión entre el gobierno de Javier Milei y sectores de la oposición que, además de cuestionar la política económica, están cada vez más preocupados por el uso del poder ejecutivo para tomar decisiones cruciales sin un debate legislativo adecuado. Mientras tanto, la justicia deberá determinar si el DNU se ajusta a las normas constitucionales o si, como argumenta la oposición, se trata de un abuso de poder por parte del presidente.
