La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció la puesta en marcha de un sistema integral de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles federales. La medida fue comunicada a través de un video difundido en sus redes sociales, donde detalló los avances en el control del uso ilegal de dispositivos dentro de los establecimientos penitenciarios.
Según explicó, el Ministerio de Seguridad ha llevado adelante operativos sistemáticos que incluyeron el bloqueo, la incautación y la destrucción de celulares confiscados durante requisas en unidades del Servicio Penitenciario Federal. “En las cárceles federales los presos cumplen condena, no dirigen negocios criminales desde un celular: los bloqueamos, los incautamos y los destruimos”, afirmó la funcionaria.
La política del gobierno de Javier Milei en materia penitenciaria ha sido clara: no se permite el uso de teléfonos móviles en prisión. Desde esta perspectiva, un celular en manos de un recluso representa un riesgo significativo, ya que facilita la continuidad de actividades delictivas, incluyendo estafas, amenazas y la coordinación de redes criminales desde el interior de las cárceles.
En abril, el Gobierno Nacional formalizó esta estrategia mediante la Resolución 336/2026, que contempla la instalación de inhibidores de señal y sistemas de detección en todos los establecimientos federales. El objetivo es impedir cualquier tipo de comunicación ilegal y desarticular maniobras delictivas organizadas desde prisión.
Monteoliva subrayó que actualmente no hay celulares operativos en las cárceles del SPF, gracias a una intensificación de los controles. En este sentido, los procedimientos de requisa aumentaron un 330,5% en comparación con 2023.
Como resultado de estos operativos, se incautaron más de 4.200 teléfonos móviles, todos ellos posteriormente bloqueados y destruidos. Uno de los operativos más recientes se llevó a cabo en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con la participación directa de la ministra.
De acuerdo con un comunicado oficial, la destrucción de los dispositivos se realiza bajo protocolos estrictos que garantizan la trazabilidad completa del proceso, desde la detección y el secuestro hasta su eliminación definitiva.
Con la implementación de estas medidas, los internos quedan imposibilitados de continuar actividades delictivas desde prisión. Incluso en los casos en que logren acceder a un dispositivo, la ausencia de señal impide cualquier tipo de comunicación.
“Los presos están para cumplir su condena y no para seguir delinquiendo”, concluyó Monteoliva, al destacar la importancia de estos sistemas dentro de la política de “Ley y Orden” impulsada por el gobierno.
