La reciente transformación del Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), enmarcada en la reconfiguración más amplia del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) impulsada por el gobierno mediante el DNU 941/2025, vuelve a situar en el centro del debate el papel estratégico de la inteligencia estatal. Al mismo tiempo, despierta interrogantes sobre el alcance de las funciones de contrainteligencia en las Fuerzas Armadas y sobre la solidez de los mecanismos de control institucional. En este contexto, resurge una pregunta clave: ¿de qué manera se pueden fortalecer las capacidades del Estado sin erosionar los controles civiles, parlamentarios y democráticos?
La semana pasada, el Gobierno Nacional avanzó en la reforma del SIDEF a través de la Resolución 323/2026, que restablece las capacidades de contrainteligencia para las Fuerzas Armadas tras más de dos décadas de suspensión. Desde el Ejecutivo sostienen que esta medida responde a la necesidad de modernizar el sistema frente a amenazas híbridas y escenarios de competencia estratégica. La disposición también reorganiza el SIDEF y lo integra de forma más estrecha con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), dentro del entramado del SIN.
Esta reforma se inscribe en una serie de cambios iniciados con el DNU 941/2025, que no solo redefinió la estructura del sistema de inteligencia nacional, sino que también amplió de manera significativa las atribuciones de la SIDE. Sin embargo, las modificaciones han sido objeto de críticas por parte de sectores de la oposición y del ámbito político, que advierten sobre una posible dilución de un principio institucional fundamental: la separación entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior.
Según Marcelo Seghini, asesor de la Cámara de Diputados y coordinador de la Comisión de Defensa de la Fundación Alem, estas reformas deben interpretarse en un marco geopolítico más amplio. A su juicio, los cambios en el SIDEF y en la SIDE reflejan una adaptación local alineada con la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa de Estados Unidos. En este sentido, Argentina se posicionaría como un socio clave en el Cono Sur, actuando como un punto de articulación tanto ideológica como operativa en la región. Asimismo, destaca el respaldo tecnológico estadounidense en materia de inteligencia y ciberdefensa.
El análisis del presupuesto nacional refuerza esta lectura. Mientras se implementan recortes en áreas operativas y tácticas de las Fuerzas Armadas, los recursos destinados a inteligencia muestran una clara prioridad. En particular, los gastos reservados asignados a la SIDE representan aproximadamente el 17% de su presupuesto total. Esta situación, según Seghini, revela una tensión estructural: el fortalecimiento de los aparatos de inteligencia y vigilancia ocurre en paralelo al debilitamiento de capacidades militares esenciales.
En la misma línea, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), encargado de centralizar las funciones de contrainteligencia recientemente restituidas, registra un incremento presupuestario significativo. Dentro del Ministerio de Defensa, sus partidas crecieron un 56,85% en términos reales respecto del año anterior.
En este escenario, adquiere especial relevancia la definición de los límites institucionales bajo los cuales las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de contrainteligencia. El debate de fondo gira en torno a los marcos legales y políticos que regulan el ejercicio de la inteligencia estratégica frente a amenazas complejas y asimétricas. En este sentido, el control civil y la supervisión parlamentaria se vuelven elementos esenciales, particularmente ante la reciente conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que se prepara para iniciar sus funciones.
