El Gobierno de Javier Milei oficializó la extensión del plazo de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta el 8 de julio de 2027, sumando un año adicional. La medida, establecida en el Decreto 105/2026 publicado este jueves, tiene como objetivo principal sostener la cartera de proyectos en energía, minería e infraestructura, en línea con la búsqueda oficial de acelerar las inversiones destinadas a la exportación y la acumulación de divisas.
Ampliación del Alcance y Cambios Clave
La prórroga se fundamenta en las facultades conferidas por el artículo 168 de la Ley 27.742, que permite al Poder Ejecutivo extender el plazo original una única vez. Paralelamente, el decreto introduce ajustes operativos para optimizar la eficacia del régimen y reforzar la seguridad jurídica.
Uno de los cambios más significativos es la incorporación explícita de la “explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro” como actividades beneficiadas. Para este sector, se fija un umbral mínimo de inversión de USD 600 millones en activos computables. Se considera “nuevo desarrollo” a aquellas áreas que, al momento de la sanción de la ley, no tenían un nivel de desarrollo significativo y que al solicitar la adhesión no registren inversiones previas en explotación o producción. Esta ampliación busca dar previsibilidad a proyectos de larga maduración que requieren estabilidad para asegurar financiamiento.
Mayor Precisión Operativa y Reglas para la Implementación
El decreto también establece criterios para evitar la fragmentación artificial de proyectos grandes, una práctica donde diferentes etapas se presentan como iniciativas separadas para cumplir formalmente con los requisitos. Asimismo, exige una clara segregación y trazabilidad cuando en una misma área convivan actividades amparadas por el RIGI y otras que no lo estén, requiriendo sistemas de medición separados.
Para la actividad costa afuera, se unificó el umbral mínimo de inversión para las fases exploratoria y productiva en USD 200 millones, reconociendo el alto riesgo, la intensidad de capital y los plazos extensos típicos de la exploración offshore.
Finalmente, el decreto ajusta definiciones para el sector de tecnología, ampliando el concepto de “ampliación” de un proyecto para incluir no solo aumentos de capacidad, sino también la incorporación de nuevos productos con cambios tecnológicos sustanciales. También precisa el acceso al mercado de cambios y el cómputo de divisas específicamente afectadas al “Proyecto Único”.
En resumen, el RIGI se consolida como la herramienta clave del Gobierno para ofrecer estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a inversiones de largo plazo en sectores estratégicos con perfil exportador.
El decreto también ajusta definiciones para el sector tecnológico, ampliando el concepto de “ampliación” de un proyecto para que incluya no solo incrementos cuantitativos de capacidad, sino también la incorporación de nuevos productos que impliquen cambios tecnológicos sustanciales, sujetos a condiciones estrictas de inversión mínima y justificación técnica. Además, precisa el alcance de la amortización acelerada para los bienes e infraestructura asociados al proyecto y ordena aspectos operativos relacionados con el acceso al mercado de cambios y el cómputo de divisas destinadas específicamente al Proyecto Único.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó la medida como una prórroga que busca hacer el régimen “más claro y eficiente”, vinculando la decisión con la necesidad de mantener la previsibilidad. En su comunicación oficial, el Gobierno destacó que ya hay proyectos aprobados por más de 25.000 millones de dólares y otros en evaluación, con presencia en provincias clave para la energía y la minería.
El verdadero desafío será doble: por un lado, verificar si la ampliación del régimen al upstream de hidrocarburos logra efectivamente acelerar las decisiones de inversión en un año marcado por tensiones políticas y sociales internas; y por otro, comprobar si el RIGI consigue traducir la estabilidad normativa en cronogramas concretos de obras, producción y exportaciones, especialmente en sectores donde la ventana de oportunidad global, los precios, la demanda y la competencia por el capital no esperan a los tiempos de la política argentina.
El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la extensión de la medida como una forma de “hacerla más clara y eficiente”, subrayando que buscaba garantizar previsibilidad. En su comunicado oficial, el Gobierno destacó que ya existen proyectos aprobados por más de 25.000 millones de dólares, además de otros que están siendo evaluados, muchos de ellos localizados en provincias estratégicas para los sectores de energía y minería.
El desafío inmediato será doble: primero, verificar si la ampliación de beneficios al sector upstream logra efectivamente dinamizar las decisiones de inversión en hidrocarburos, en un contexto político y social interno complejo. Y segundo, comprobar si el RIGI consigue convertir la estabilidad normativa en planes de obra, producción y exportaciones concretos, sobre todo en industrias donde la oportunidad global —definida por precios, demanda y la competencia por capital— no se detiene a esperar por los tiempos de la política argentina.
