El teniente general  Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, conversó con El Estratégico sobre la situación actual de la Defensa Nacional, el estado del personal militar, el posicionamiento internacional de Argentina y la ausencia de una estrategia a largo plazo que integre desarrollo, industria y soberanía.

Aunque su meta en estas elecciones es darse a conocer en el ámbito político y presentarse ante la sociedad y los votantes, Paleo también aspira a convertirse en el representante de los militares en el Congreso Nacional. En la entrevista, destacó la importancia de llevar al debate político temas vinculados a la Defensa que actualmente no son discutidos, ya que el JEMCO no puede hacerlo por su naturaleza funcional, apolítica y no partidista.

En este sentido, el exjefe del Estado Mayor Conjunto abordó con sinceridad el deterioro estructural del sistema de defensa argentino y la urgencia de reconstruir una política de Estado en materia militar, industrial y estratégica. “Lo he dicho antes: las Fuerzas Armadas deben mantenerse al margen de la política y de la grieta. No son una guardia pretoriana al servicio de ningún gobierno”, afirmó Paleo, subrayando que su función debe ser técnica, profesional y no partidaria. “Las Fuerzas Armadas no pueden involucrarse en la política”, remarcó.

A continuación, un fragmento de la entrevista:

El Estratégico: ¿Cuál es su análisis sobre la situación actual de la Defensa Nacional? ¿Cómo evalúa las condiciones del personal militar, los salarios y otros aspectos?

Juan Martín Paleo: El gobierno actual no tiene una política de defensa. La Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) sigue siendo la de Alberto Fernández. Esto no solo evidencia la falta de actualización, sino también la ausencia de una visión estratégica. La carencia de directrices refleja una clase política sin perspectiva a largo plazo y sin conciencia del papel del país en el Atlántico Sur o en la Antártida. Argentina debe desarrollarse de manera equilibrada, considerando su entorno bioceánico y sus recursos estratégicos.

Además, la situación del personal militar es alarmante. Existen diferencias salariales de entre un 22% y un 24% en comparación con las Fuerzas de Seguridad, según el rango. Los bajos salarios y la falta de incentivos han deteriorado la calidad de los recursos humanos. En algunos casos, la diferencia llega al 50%, ya que las fuerzas de seguridad reciben beneficios como subsidios zonales que los militares no obtienen. Esto limita la posibilidad de profesionalización y resulta discriminatorio.

¿Cuáles son las consecuencias?

Primero, si ofreces salarios bajos, atraerás personal de menor calidad. Segundo, el personal capacitado buscará opciones mejores al primer oportunidad. La retención ha disminuido drásticamente: hoy un soldado permanece entre cuatro y seis meses, mientras que antes lo hacía por uno o dos años.

Ni siquiera en el proyecto de presupuesto 2026 se contempla el tema salarial, pero no informan a la gente. Todo se reduce a promesas vacías, como la adquisición de los F-16, que son más una operación mediática que una solución real. Lo mismo ocurre con el Programa Familia Militar, que solo ofrece descuentos que ya existían antes. Si realmente les importara el bienestar de los militares, mejorarían sus sueldos.

La situación es crítica. Incluso la obra social no funciona correctamente: muchos no reciben reintegros, deben comprar medicamentos por su cuenta y las consultas se postergan durante meses. Si a mí me ha ocurrido, imagínense cómo afecta a un cabo destinado en medio de la Patagonia y su familia. Esto explica por qué la retención de personal ha caído tanto. Muchos sueldos están por debajo de la línea de pobreza.

Versión revisada del texto:

“Además, todos hablan mucho de ciberdefensa y ciberespacio, pero con los sueldos actuales, ¿cómo pretendés atraer y retener a profesionales calificados en un mercado que ofrece remuneraciones mucho más competitivas? Al final, todo queda en declaraciones, sin acciones concretas.”

EE: ¿Cuál es su análisis de la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA)? ¿Cómo cree que podría solucionarse su crisis financiera y operativa? ¿Considera acertadas las medidas del Gobierno y el Ministerio de Defensa, como el convenio EMCO-FF.AA., el ajuste presupuestario para 2025 y los recortes en las Fuerzas Armadas?

JMP: Lamentablemente, la Defensa se ha convertido en una ilusión. Hay una brecha cada vez mayor entre los objetivos declarados y la realidad. No se puede reducir costos sin incrementar los salarios, porque esa estrategia es insostenible. El sistema de salud militar carga con deudas estructurales.

La solución es simple: primero, hay que frenar la sangría. Los aportes a la obra social se calculan como un porcentaje del salario. Si el Gobierno admite que los sueldos del sector público crecieron menos que la inflación, y a eso se suman los costos médicos, que aumentan incluso por encima de la inflación, el sistema siempre estará en déficit. Para detener esto, solo hay dos opciones: subir salarios o bajar los costos de las prestaciones. Pero como el Ministerio de Defensa no controla los precios de los medicamentos, la única alternativa viable es aumentar los ingresos de los afiliados. De lo contrario, pronto llegaremos a un punto crítico sin margen de maniobra.

Otra medida cuestionable fue el préstamo tomado a través del IAF para pagar deudas, con tasas muy superiores a las del mercado. Es decir, además de la crisis, se gestiona mal financieramente. Es difícil creer que una institución que es la tercera obra social del país pueda ser desmantelada con tanta facilidad.

EE: ¿Qué opinión tiene sobre la venta y remate de inmuebles de las Fuerzas Armadas, como el caso del Comando Conjunto de Ciberdefensa?

JMP: Mi propuesta es una Ley de Protección de Activos Estratégicos que prohíba toda cesión de soberanía, sin excepciones. Incluso debería requerir una mayoría legislativa calificada para modificarla.

Esto no es nada nuevo: gobiernos de todos los signos políticos han vendido propiedades militares o cedido soberanía. Unos por motivos económicos, otros por ideología, pero el resultado es el mismo. Y no solo pasa con los bienes de las FF.AA., sino también en áreas sensibles como la energía nuclear.

EE: ¿Cómo evalúa la situación de Fabricaciones Militares (FF.MM.), que ya cerró una planta y tiene proyectos paralizados? ¿Qué impacto tiene esto en la estrategia de Defensa y Seguridad?

JMP: Este gobierno no tiene una política de defensa, y no lo digo como crítica, sino como hecho comprobable. Si la tuviera, existiría una Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), el documento que el Presidente debe firmar para definir las prioridades estratégicas del país, incluido el rol de las Fuerzas Armadas. La DPDN incluye instrucciones específicas para el Instrumento Militar, pero hoy eso brilla por su ausencia.”

Lo que observo es que si la política de defensa de este gobierno es tan distinta —como la incorporación de los militares en tareas de seguridad (algo que están impulsando al límite para concretar) o su alineamiento internacional—, evidencia falta de método y gestión. El ministro no tiene claridad sobre el tema. Lo primero que debió hacer con su equipo era consultar al presidente: ¿Cuál es su visión para la defensa nacional? A partir de ahí, trabajar de manera coordinada entre ministerios para elaborar una estrategia. Pero nunca lo hicieron. Ahora que el ministro se va, queda en evidencia que no hubo avances ni los habrá. ¿Dónde está la visión?

En cuanto a las políticas industriales en defensa, solo se reducen a anuncios sin sustento. No hay estímulos para la industria local, ni planificación, ni colaboración con aliados clave como Brasil. Pareciera primar el interés económico sobre el estratégico. No se considera el impacto en las fuerzas armadas ni en la producción nacional; todo se aborda con una lógica mercantilista. La conclusión es clara: no existe una política de defensa sólida. Quienes tienen mayor conocimiento en la materia deben liderar este ámbito. Argentina necesita recuperar una estrategia de defensa autónoma, coherente con sus intereses nacionales.