Será el próximo viernes 21 de agosto a las 12:30 hs. con un olla popular y denunciando la crítica situación que atraviesa el puente peatonal por el cual transitan diariamiente 10.000 personas. No andan ninguna escalera mecánica ni los ascensores.
Una postal más de estos tiempos, el abandono y la falta de inversión de la infraestructura básica por parte del Gobierno nacional. En este caso, sindicatos de la Dirección de Vialidad Nacional realizarán una jornada de protesta junto al puente Nicolás Avellaneda que une La Boca con la Isla Maciel, un paso no solo utilizado por vehículos, también lo transitan miles de personas a pie.
La convocatoria es realizada por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), el Sindicato de Vialidad Nacional (SEVINA) y la Junta Interna de ATE Vialidad para este viernes a las 12:30 hs. acompañado de una olla popular que se realizará en el puente del lado de la Isla Maciel, en las calles Costanera Pellegrino y Argentino Valle.
Fabián Cattanzaro, secretario Adjunto de FEPEVINA, contó a Radio Gráfica: “El Puente está en estado emergencia, las políticas de obra pública cero, el mismo abandono que hacen de las rutas, lo están haciendo con el Puente. Lo venimos denunciando con diferentes jornadas de protesta”.
“Hace seis meses que se llegó a una situación extrema donde el abandono generó que se rompan las ocho escaleras mecánicas, cuatro de cada lado, más los ascensores”, detalló.
“Hay mucha gente que ya ha dejado de cruzar gratuitamente el Puente para volver a hacerlo en bote por esta situación”, completó Cattanzaro.
Construido en 1940, diariamente, circulan a pie 10.000 personas por el puente entre Dock Sud y la Isla Maciel con La Boca. Su mantemiento, como el de todos los puentes, depende de la Dirección de Vialidad Nacional hoy con un presupuesto subejectuado y llevado al mínimo al punto de que más del 60% de las rutas nacionales se encuentran en mal o regular estado.
Para peor, días atrás quedó en evidencia que los fondos recaudados por impuestos a las combustibles líquidos que deberían ser destinados a la Dirección de Vialidad Nacional son retenidos para maquillar un superavit fiscal o comprar votos a los gobernadores para la sanción de leyes como la Reforma Laboral, la ley de Glaciares y otras que fueron prioridad para el Poder Ejecutivo.
