La mañana del domingo, fuerzas especiales del Ejército mexicano abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo para capturarlo y extraditarlo, en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. La operación fue ejecutada de manera coordinada entre la Secretaría de Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México, tras haber sido herido en el enfrentamiento.
El comunicado oficial mexicano incluyó una frase que merece ser leída con cuidado: la operación contó con “información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses, en el marco de la cooperación bilateral”. Esta transparencia involuntaria describe con precisión la estructura de poder real.
La respuesta ante la operación fue inmediata; el aeropuerto de Guadalajara fue tomado por hombres armados del CJNG, con escenas de pánico filmadas y viralizadas en tiempo real. Narcobloqueos con vehículos incendiados paralizaron Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas y Aguascalientes. El saldo humano confirmado incluyó un elemento de la Guardia Nacional, un custodio penitenciario en Puerto Vallarta y un fiscal estatal en Guadalajara. La Liga de fútbol canceló partidos. La Universidad de Guadalajara suspendió actividades.
Para entender por qué esto importa estructuralmente más que cualquier otra captura narco en años recientes, hay que historizar. Y hay que hacerlo despojado de la comodidad de las categorías del discurso securitario imperial.
Génesis de una monstruosidad: breve historia estructural
El error más común en el análisis del narcotráfico mexicano es tratarlo como una patología cultural o un fenómeno puramente criminal, desvinculado de la ingeniería económica global. Nuestra perspectiva nos obliga a comenzar donde realmente empieza la historia; en la demanda.
México no produce drogas para sí mismo. Produce para el mercado más grande del mundo que es los Estados Unidos. El narcotráfico mexicano es una industria de exportación al Norte. Esta asimetría fundamental —producción y violencia al Sur, consumo y ganancias al Norte— es la primera verdad que el discurso oficial bilateral borra sistemáticamente.
Dicen sus biografías que Nemesio Oseguera nació en 1966 en Naranjo de Chila, Michoacán, hijo de campesinos que emigraron a California. Su trayectoria es la parábola del fracaso sistémico; la pobreza rural, desplazamiento, la exclusión en el Norte, el retorno, la cooptación por estructuras criminales como única vía de movilidad social. En 1994 fue condenado en California por conspiración para distribuir heroína. Tras cumplir la pena, regresó a México y se desempeñó como agente policial en municipios jaliscienses de Cabo Corrientes y Tomatlán.
Esto no es anecdótico, es estructural. El Estado mexicano, en su segmento policial periférico y mal pagado, funcionó como escuela de cuadros del crimen organizado. El Mencho primero fue policía, luego sicario y guardaespaldas de los Valencia, luego jefe de plaza. Es el proceso de conversión de la violencia estatal en violencia criminal, una metamorfosis que el sistema produce sistemáticamente porque la diferencia entre ambas nunca fue nítida en la periferia.
Su nombre apareció por primera vez en expedientes judiciales en 2005, vinculado al Cartel del Milenio y los González Valencia. Para 2008 ya era una firma reconocida en narcomensajes en Jalisco.
El CJNG como organización autónoma emerge a comienzos de la década de 2010, en el contexto de la fragmentación del Cartel de Sinaloa y el desplome del Cartel del Milenio. La violencia descomunal del sexenio de Calderón (2006-2012) —financiada y alentada por Washington bajo la Iniciativa Mérida— no destruyó el narcotráfico, se trató de un ordenamiento que fagocite los monstruos. Lo atomizó y lo militarizó. Donde antes había oligopolios criminales relativamente estables, la “guerra contra las drogas” produjo docenas de organizaciones en competencia sangrienta.
En ese ecosistema de devastación, el CJNG encontró su nicho; más vertical, más violento, más dispuesto a atacar al Estado que sus predecesores. En menos de una década se convirtió en una de las organizaciones más peligrosas del mundo, con presencia territorial en 28 de los 32 estados mexicanos y operaciones en más de 100 países. Bajo el mando de El Mencho fue responsable de masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados. En junio de 2020 ordenó un ataque armado en plena Ciudad de México contra Omar García Harfuch —hoy Secretario de Seguridad de Sheinbaum—, hiriendo al entonces funcionario y matando a tres personas, incluyendo dos escoltas. Un ataque en la capital federal, en plena luz del día, contra un alto mando de seguridad: eso habla de una organización que había trascendido la clandestinidad para funcionar como poder beligerante.
¿Por qué el Mencho es estructuralmente más grave que el Mayo?
El análisis superficial presenta la caída de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024 y el abatimiento de El Mencho este domingo como hechos equivalentes. Se trata de grandes capturas, victorias del Estado. La lectura estructural muestra algo radicalmente diferente, y comprender la diferencia es fundamental.
El Mayo era un constructor del orden criminal del siglo XX. Cofundador del Cartel de Sinaloa, representaba la generación de los grandes acuerdos tácitos con el Estado mexicano bajo el PRI; estabilidad territorial a cambio de tolerancia institucional. Su caída produjo consecuencias violentas graves —de las 965 víctimas de homicidio doloso en Sinaloa en 2024, 671, casi el 70%, ocurrieron entre agosto y diciembre, tras su entrega. Pero era una guerra de sucesión en una organización que ya estaba fracturada desde adentro, con actores que se conocían entre sí, que compartían territorio histórico, y cuya violencia tenía un horizonte de estabilización posible.
El Mencho era otra cosa. Fue el arquitecto de una ruptura de paradigma. Una organización que no negocia con el Estado, sino que lo enfrenta militarmente, que no gestiona territorios, sino que los conquista por la violencia, que no busca estabilidad sino expansión permanente. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (el think tank británico) señaló que el alcance y sofisticación del CJNG ya superan al Cartel de Sinaloa, consolidando capacidades militares y alcance global propios. El vacío que deja El Mencho no es el de un jefe que muere, es el de un principio organizativo sin sucesor designado, en una estructura que ha crecido tan rápido y tan desigualmente que su coherencia dependía en buena medida de su figura central.
La fragmentación resultante puede producir algo peor que El Mencho unificado; varios actores compitiendo en violencia extrema para demostrar quién merece el liderazgo, sin ninguna de las inhibiciones estratégicas que un liderazgo consolidado eventualmente adquiere.
La parodia de la traición: el Mayo Zambada y el patrón de las entregas
Para entender lo que ocurre hoy es imprescindible historizar el año y medio anterior. El 25 de julio de 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue trasladado en una avioneta con un itinerario irregular; permiso para aterrizar en Chihuahua, pero vuelo directo a El Paso, Texas, sin aviso a las autoridades mexicanas. Viajaba acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. La declaración del propio Mayo, difundida por sus abogados, fue categórica; “La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequívocamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento.”
¿Qué había ocurrido? La reconstrucción más documentada señala que El Chapo, desde su celda en Estados Unidos, orquestó la operación y envió instrucciones a su hijo Joaquín para que traicionara a su padrino El Mayo, entregándolo a las autoridades estadounidenses a cambio de beneficios legales para la familia Guzmán.
El gobierno mexicano solicitó a Washington información sobre la detención; el número de serie del avión, la identidad del piloto. La respuesta norteamericana fue el silencio. Un silencio que dice todo sobre la naturaleza de la “cooperación bilateral”. La traición desató lo que se conoce como la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza. A un año de los hechos, el saldo en Sinaloa superaba los mil 800 muertos, con un promedio de cinco muertos diarios en Culiacán.
Pero el caso del Mayo no fue aislado. Configura un patrón. Entre 2025 y enero de 2026, las autoridades mexicanas entregaron cuatro de los diez fugitivos más buscados por el FBI; un líder de la Mara Salvatrucha en Veracruz, un operador del Cartel de Sinaloa, un acusado de asesinato en Charlotte, y el snowboarder olímpico canadiense Ryan Wedding. Cuatro en menos de quince meses. Un ritmo sin precedente histórico reciente.
El caso Wedding: la soberanía secuestrada en detalle
El caso del exolímpico canadiense Ryan Wedding ilustra el patrón con una nitidez casi pedagógica, y merece desarrollo porque condensa en miniatura toda la mecánica de la subordinación soberana.
Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en snowboard. Años después construyó una red criminal transnacional vinculada al Cartel de Sinaloa, transportando cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, vía México, hacia Estados Unidos y Canadá. Estaba escondido en México durante más de una década. El FBI lo colocó en su lista de los diez más buscados, con recompensa de 15 millones de dólares.
El 22 de enero de 2026, el director del FBI, Kash Patel, viajó a México para reunirse con el secretario de seguridad Omar García Harfuch. Un día después, Wedding estaba en manos norteamericanas, siendo trasladado a Estados Unidos. La versión oficial mexicana, difundida por el propio García Harfuch, fue que el canadiense ‘se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos’.
“Lo aprehendieron. Cualquier giro que el gobierno de México esté dando a esto, en el sentido de que se entregó, es inexacto. Creo que si hay alguien en posición de saber cómo se realizó el arresto es su abogado. Esos reportes sobre lo ocurrido son completamente incorrectos.”
Eso declaró Anthony Colombo, abogado de Wedding, a la prensa canadiense. Y añadió la referencia que ilumina todo el contexto: “La administración Trump, con la aprehensión de Maduro, ha dejado claro que estamos en una nueva y audaz era respecto a las relaciones internacionales. Puedo entender por qué se habría emitido esa declaración, porque si el gobierno de Estados Unidos entra de manera unilateral a un país soberano y captura a alguien, se puede generar un problema.”
El eufemismo ‘capturar’ borra la palabra correcta: secuestrar. Ni el gobierno de México, ni el de Estados Unidos, ni el de Canadá —cuyo ciudadano fue el afectado— emitió cuestionamiento alguno. El silencio trilateral sobre una operación unilateral en territorio soberano es la firma institucional del nuevo orden que se está construyendo.
El ente insaciable: la lógica de la extorsión soberana
La caracterización es exacta y merece desarrollo. Estados Unidos no negocia con México como con un par, negocia como lo que es en la relación bilateral real, un poder imperial que administra su periferia más próxima. La particularidad del momento Trump 2.0 es que esa relación estructural, que antes se gestionaba con disimulo diplomático, ahora se enuncia abiertamente como política de Estado.
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas, en febrero de 2025, no es una categoría jurídica para perseguirlos mejor: es un instrumento geopolítico. Con esa designación, Washington puede justificar operaciones unilaterales en territorio mexicano sin requerir autorización previa. El caso Wedding sugiere que ya está ocurriendo. Es la extraterritorialidad del derecho penal estadounidense aplicada a la soberanía mexicana como práctica rutinaria.
Y la lógica del ente insaciable tiene su mecánica precisa: cada entrega es recompensada no con reducción de presión sino con mayor demanda. Porque la presión no busca en realidad resolver el problema del narcotráfico —lo que requeriría atacar la demanda interna norteamericana, las redes financieras de lavado, el flujo de armas hacia el sur— sino mantener a México en posición de deudor soberano perpetuo, un Estado que siempre debe algo, que siempre tiene una lista de pendientes, que puede ser presionado en cualquier momento invocando la seguridad bilateral.
El patrón de las entregas describe la trayectoria de un gobierno que está negociando su propia continuidad a cambio de concesiones soberanas sucesivas e irreversibles. Sheinbaum asumió en un contexto de presión máxima: Trump con la agenda de seguridad fronteriza, aranceles como garrote, la designación terrorista como amenaza de intervención. La única moneda de cambio disponible era la cooperación en seguridad. Pero la cooperación en seguridad, cuando se hace sin marcos jurídicos simétricos, sin reciprocidad en el control de armas y sin acceso a la inteligencia que EEUU usa en territorio mexicano, no es cooperación: es subordinación disfrazada de asociación.
La hipótesis del error inducido y la DEA como árbitro criminal
Hay que nombrar con todas las letras la hipótesis que el debate oficial evitará: Washington sabe —tiene los analistas, tiene la historia— que abatir a un líder de esa magnitud produce exactamente lo que estamos viendo hoy en Guadalajara. Si aun así entregó la inteligencia de localización de El Mencho, las posibilidades no se excluyen entre sí.
Primera: calcularon que el caos resultante justificaba el rédito político, demostrándole a Trump una victoria espectacular en territorio mexicano. Segunda: operaron una lógica de gestión de la competencia criminal, debilitando al CJNG cuando ya no es funcional a ciertos equilibrios. Tercera —y la más inquietante—: simplemente no les importó el costo humano y de gobernabilidad en México, porque ese costo lo pagan los mexicanos.
La DEA opera en México no como aliado subordinado sino como poder paralelo. Sus operaciones de inteligencia, sus informantes infiltrados y sus acuerdos directos con facciones del crimen organizado son una constante documentada. La agencia no busca eliminar el narcotráfico; busca gestionarlo en función de los intereses de seguridad y geopolíticos de Washington. El hecho de que el comunicado oficial mexicano sobre el abatimiento de El Mencho agradezca explícitamente la ‘información complementaria’ de Washington no es transparencia bilateral: es la firma al pie de un documento de subordinación.
Una organización criminal que controla alcaldes y eventualmente gobernadores es más difícil de manejar que una que solo mueve droga. Una organización que tiene legitimidad social en sus territorios —porque provee servicios, emplea a jóvenes, castiga a los ladrones comunes— es mucho más resiliente que una que solo opera por el terror. El CJNG, en ese camino de institucionalización territorial, puede haberse vuelto demasiado autónomo para ser funcional al sistema de gestión criminal que Washington prefiere administrar.
Estructuras creadas desde el norte: el problema del origen
Hay un silencio ensordecedor en todo el debate público sobre narcotráfico que estamos obligados a romper: los cárteles mexicanos son, en medida sustancial, producto del sistema norteamericano, no anomalías ajenas a él.
Las armas fluyen de norte a sur. Más del 70% del armamento recuperado en escenas del crimen en México tiene origen en Estados Unidos, adquirido legalmente en las armerías de los estados fronterizos. El Congreso estadounidense ha bloqueado sistemáticamente la regulación del comercio de armas, aunque sabe perfectamente adónde van. Los precursores químicos para fentanilo y metanfetamina vienen de China e India, pero los laboratorios son mexicanos y los mercados son norteamericanos. El dinero del lavado circula por el sistema financiero anglosajón, Emiratos Árabes Unidos y Belice.
Esta es una cadena de valor transnacional, no un fenómeno local. Los académicos Tom Wainwright y Vanda Felbab-Brown describen al CJNG y al Cartel de Sinaloa como empresas transnacionales ilegales. Esa descripción es más exacta que cualquier taxonomía de seguridad, son corporaciones multinacionales con departamento de logística, de finanzas, de recursos humanos y de relaciones institucionales. La diferencia con una multinacional legal es que sus mecanismos de enforcement son balas, no abogados.
Las cinco guerras simultáneas
El abatimiento de El Mencho no abre un conflicto; abre cinco conflictos simultáneos que se retroalimentan y complejizan mutuamente. Reconocerlos como distintos es condición para entender la profundidad del problema.
La primera guerra: la sucesión interna
El CJNG no tiene la estructura centralizada de un ejército regular, tiene una constelación de jefes de plaza, operadores regionales, células semiautónomas que deben ahora decidir a quién responden. La violencia del domingo en Guadalajara, Puerto Vallarta, los aeropuertos y las carreteras no es solo demostración de fuerza hacia el Estado; es cada facción interna mostrando músculo para la negociación del liderazgo que vendrá. El CJNG puede fragmentarse en tres o cuatro organizaciones regionales, o puede surgir un nuevo líder que consolide la estructura. El proceso de ese ajuste durará meses y será sangriento.
La segunda guerra: contra el Cartel de Sinaloa
Pero esa segunda guerra ya no tiene un interlocutor claro del lado sinaloense. La Mayiza busca cercar y desarticular a Los Chapitos, mientras Los Chapitos intentan bloquear las líneas de suministro de Los Zambada. Un CJNG debilitado internamente puede ser el objetivo de oportunidad que ambas facciones sinaloenses decidan atacar coordinadamente —enemigo común que unifica enemigos internos— o puede ser el aliado táctico que una de las dos facciones busque para destruir a la otra. Hay indicios no confirmados de posibles alianzas entre Los Chapitos y el CJNG en forma de armas y apoyo operativo. Si eso era cierto antes del domingo, el tablero cambia ahora.
La tercera guerra: con el Estado mexicano
Los bloqueos, la toma del aeropuerto, los ataques a funcionarios, son el CJNG usando su máxima demostración de fuerza para disuadir ulteriores operaciones. El mensaje es: si nos atacás, el costo es este. Pero ese mensaje también exhibe los límites del Estado. El Estado mexicano puede haber ganado tácticamente con El Mencho, y perder estratégicamente si la fragmentación del CJNG produce más actores violentos incontrolables que uno centralizado. La paradoja permanente de la ‘guerra contra las drogas’ latinoamericana; cada ‘victoria’ táctica contra un capo produce más violencia inmediata, más fragmentación organizacional, más inestabilidad territorial.
La cuarta guerra: los depredadores externos
El CJNG mismo nació de la debilidad ajena. Surgió cuando el Cartel del Milenio se fragmentó, aprovechando el vacío que dejó la guerra calderonista. El propio Mencho pasó de policía municipal a sicario en ese proceso de reacomodo. Hoy, otras organizaciones —Los Viagras en Michoacán, el Cartel del Golfo, las organizaciones del noreste— están evaluando en tiempo real qué territorios, qué rutas, qué plazas del CJNG quedaron sin cobertura efectiva. El que fue depredador puede ser depredado.
La quinta guerra: el mercado exterior
Esta es la que tiene consecuencias más amplias para América Latina. El CJNG tiene alianzas estratégicas con grupos en Colombia y Venezuela, opera minería ilegal en Ecuador y Venezuela, tiene centros operativos en Argentina, Brasil y Paraguay, y alianza clave con el Primer Comando Capital de Brasil, lo que le permite acceso a puertos y armas. Según la DEA, contaba con al menos 26 mil elementos en más de 100 países.
El cjng como potencia latinoamericana: el mapa que nadie quiere ver
La expansión internacional del CJNG no es periférica, es el núcleo de su nuevo modelo de negocio. Desde Ecuador hasta la frontera noroeste de Estados Unidos con Canadá, opera una ruta de trasiego de casi 10 mil kilómetros de costa. Sus aliados ecuatorianos —Los Lobos, Los Tiguerones— controlan el puerto de Guayaquil y rutas terrestres desde la frontera colombiana. En Colombia, las autoridades capturaron 35 ciudadanos mexicanos vinculados al CJNG en 15 meses, documentando no solo narcotráfico sino trata de personas y reclutamiento forzado de exmilitares colombianos.
La conexión con Brasil merece atención específica. La alianza con el PCC —el Primer Comando Capital, organización nacida en las prisiones de São Paulo y hoy con presencia en todo Brasil y extensiones en Paraguay y Bolivia— no es una alianza de narcotráfico convencional sino que es una alianza de imperios criminales. El PCC tiene su propio Estado paralelo en favelas y periferias brasileñas; el CJNG tiene el suyo en el occidente mexicano. El intercambio es de capacidades: rutas portuarias brasileñas para exportar a Europa y África, a cambio de acceso a las rutas del Pacífico y al fentanilo. La violencia en las favelas de Rio y São Paulo en los años recientes tiene esta dimensión internacional que raramente aparece en el análisis doméstico brasileño. Las dos espirales de violencia —la mexicana y la brasileña— no son paralelas sino articuladas.
En Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 fue atribuido al CJNG. No es una anécdota; es la demostración de que estas organizaciones ya están dispuestas a ejercer violencia política directa contra candidatos y procesos electorales fuera de México, exactamente como lo hicieron en territorio mexicano durante años. Ecuador como Estado ya tienen múltiples indicadores de captura criminal: el asesinato de figuras públicas, la tasa de homicidios disparada, las cárceles convertidas en centros de poder criminal.
La captura del Estado y el paralelo colombiano con sus diferencias
La comparación con Colombia en el período Medellìn-Cali es iluminadora, pero tiene precisiones que hay que hacer para no caer en el error de transplantes mecánicos de modelos.
Escobar y los Rodríguez Orejuela querían entrar al Estado como actores formales —el plata o plomo de la narco-política colombiana clásica, candidatos propios, representación parlamentaria—. El modelo que estamos viendo emerger en México es más sofisticado y más peligroso; no quieren ser el Estado, quieren administrarlo desde afuera, poniendo a sus operadores en posiciones clave sin necesitar aparecer en las listas electorales.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, admitió públicamente en 2021 conocer a los grupos criminales de Badiraguato y haberles pedido su apoyo, señalando que ‘quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente’. Esa declaración debería haber producido un escándalo constitucional de magnitud histórica. Produjo silencio cómplice, porque la verdad que enuncia se aplica no solo a Sinaloa sino a decenas de municipios y varios estados donde el ‘visto bueno’ del crimen organizado es una precondición de la gobernabilidad.
El CJNG tiene control territorial urbano de barrios enteros en Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta. No es un control rural y serrano como el de generaciones anteriores; es un control de las periferias de ciudades medianas y grandes, donde el Estado nunca llegó con servicios, pero el cártel sí llegó con empleos, protección y orden propio. Esa territorialidad urbana convierte al CJNG en algo cualitativamente diferente. No es un problema de seguridad rural, es un problema de soberanía urbana.
La respuesta del gobierno central: el equilibrio imposible
La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un comunicado señalando ‘coordinación absoluta con los gobiernos de todos los estados’ y pidiendo calma. García Harfuch —quien tiene una deuda personal con El Mencho desde el atentado de 2020 que lo hirió— es el arquitecto de una estrategia más quirúrgica que la de Calderón, menos militarista en su retórica que la de López Obrador. Pero el problema de fondo permanece intacto.
El gabinete de seguridad intenta equilibrar dos narrativas contradictorias: 1) presentar el operativo como triunfo de la estrategia de seguridad, y al mismo tiempo 2) gestionar la crisis de gobernabilidad que ese mismo triunfo desencadenó. Es la paradoja estructural del Estado periférico que intenta demostrar capacidad de seguridad usando inteligencia del Norte, produciendo con esa demostración un caos que el Norte usará mañana como prueba de su incapacidad, o como confirmación de la peligrosidad del enemigo que agitan.
Ninguna estrategia de seguridad puede sustituir a una política de desarrollo que remueva las condiciones estructurales que hacen al narcotráfico una opción racional para millones de personas. Mientras el campo mexicano siga expulsando a sus jóvenes hacia las ciudades o el Norte, y mientras el Norte siga siendo el mercado más grande del mundo para las drogas que México produce, el problema no tiene solución policial.
El Mundial, la Copa del Mundo y la presión añadida
Guadalajara es sede de cuatro partidos del Mundial 2026. Este dato importa más de lo que parece. La FIFA, el Comité Organizador y la Casa Blanca tienen un interés concreto en la seguridad de Guadalajara antes de junio. Ese interés crea una ventana de oportunidad que el gobierno de Sheinbaum intentará usar para mostrar que ‘la situación se normalizó’, pero también crea una presión adicional que Washington puede explotar: ‘No podemos tener el Mundial con cárteles tomando aeropuertos.’
La seguridad del Mundial se convertirá en otro argumento para más presencia, más inteligencia compartida, más operaciones conjuntas, más soberanía cedida. El fútbol global como palanca del imperialismo securitario; la mecánica es tan vieja como los Juegos Olímpicos de Berlín, con tecnologías y actores distintos.
Coda: lo que el Norte no dirá y lo que el Sur no debe callar
La administración Trump celebrará este operativo como resultado de su presión sobre México. Rubio, Vance y los halcones republicanos que exigen designar a los cárteles como organizaciones terroristas usarán las imágenes del aeropuerto de Guadalajara para renovar esa demanda. La paradoja es perfecta; la misma demanda de fentanilo que nutre financieramente al CJNG proviene del Norte; las armas con que opera el CJNG entran por la frontera norte hacia el sur; el sistema financiero que lava sus ganancias es, en buena medida, el sistema bancario anglosajón.
El narco mexicano es, al final, un producto del capitalismo global en su forma periférica;: una industria extractiva que produce riqueza en los extremos de la cadena —productores de precursores en Asia, consumidores en el Norte— y distribuye muerte en el territorio donde se fabrica el producto. La violencia de hoy en Guadalajara no es una anomalía del subdesarrollo. Es su consecuencia más brutal y más lógica.
Mirarlo desde el Sur, con honestidad intelectual, obliga como ya dijimos a negarse a repetir las categorías del discurso securitario imperial que convierte a México en un problema a resolver desde Washington. El problema es estructural, bilateral, y profundamente colonial en su arquitectura. La relación de subordinación que el caso Wedding exhibe, que la entrega del Mayo confirma, que el operativo de hoy sobre El Mencho rubrica con ‘información complementaria de autoridades estadounidenses’, no es cooperación: es la actualización contemporánea de la vieja asimetría colonial, con nuevos actores, nuevas tecnologías y el mismo resultado; el cuerpo de los muertos en el Sur, el dinero de las ganancias en el Norte.
El cuerpo de El Mencho es hoy un trofeo político. Las causas que lo engendraron —y que engendrarán al siguiente— siguen tan vivas como el mercado que las alimenta, tan intactas como las armerías de Texas y Arizona, tan operativas como los laboratorios de cocaína en el Pacífico colombiano, tan funcionales como los bancos que lavan los dólares del fentanilo sin que nadie vaya preso por eso.
Quien sabe sin la “información complementaria” no estaba provocando, presiones mediante, un error inducido para exponer la incapacidad de gobernabilidad del gobierno.
Denis Warrior* Periodista y analista internacional
Foto de portada: AFP
