En los últimos días, se ha hecho público que, en el contexto del extenso y complejo litigio que enfrenta Argentina por la expropiación irregular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, los demandantes habrían solicitado que el país informe sobre la ubicación y el uso de sus reservas de oro. Con la llegada de 2026, surgen nuevas exigencias y demandas en este proceso judicial.
Durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015), el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, que en ese momento pertenecían a la empresa española Repsol, la cual poseía el 57% de la compañía tras vender el 25% al Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi. Bajo la administración kirchnerista, el Estado argentino procedió con la expropiación de las acciones de YPF, incumpliendo el estatuto de la empresa, lo que dio origen a un proceso judicial contra la República Argentina.
En 2015, el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio durante la quiebra del Grupo Petersen y presentó una demanda contra Argentina por la expropiación irregular de la petrolera ante la Justicia de Nueva York, reclamando una indemnización. Desde entonces, el país enfrenta un prolongado y complejo litigio por YPF.
El año 2025 estuvo marcado por fallos, resoluciones y apelaciones de ambas partes, y el tema volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Con el inicio del nuevo año, Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia contra Argentina, habría solicitado que la jueza Loretta Preska declare al país en desacato, imponiendo sanciones por presuntos incumplimientos en la entrega de información durante la fase de discovery.
Mientras Argentina mantiene su apelación al fallo de fondo y busca evitar embargos y medidas sobre sus activos, el reciente planteamiento de Burford Capital aumenta la presión en el caso. A esto se suma una nueva petición de los demandantes, presentada el pasado 21 de enero, en la que solicitan a la jueza federal que ordene a Argentina presentar una declaración jurada detallando la ubicación, cantidad y uso de sus reservas de oro.
