La situación actual en Bolivia muestra lo que significa pasar de un proyecto donde los trabajadores eran sujetos de derecho a uno en el cual los trabajadores son y serán sujetos del ajuste neoliberal que algunos parecen haber olvidado con el tiempo.
Se avecinan tiempos de lucha entre un gobierno que optó por los intereses de una élite económica, y la de un pueblo que aturdido aún por la fantasía electoral tratará de reconquistar el protagonismo en las calles teniendo que superar inevitablemente el sectarismo y la división que lo arrojó a este difícil escenario.
La reciente decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los subsidios a los combustibles ha desatado una ola de protestas que ha dejado claro que la población no está dispuesta a aceptar pasivamente el ajuste económico que sacrifica sus posibilidades de subsistencia.
Con un incremento insostenible en los precios del diésel, la electricidad y los alimentos, los trabajadores organizados se encuentran en pie de lucha, exigiendo no solo la derogación del Decreto Supremo 5503, sino un cambio radical en las políticas económicas que perpetúan la desigualdad.
El vicepresidente Edmand Lara se pasa a la oposición
En medio de la resistencia a esta envestida del gobierno contra los sectores más vulnerables de la sociedad, el vicepresidente Edmand Lara ha criticado abiertamente al presidente Rodrigo Paz por rodearse de corruptos y priorizar a los ricos.
Al parecer Lara se manifiesta sorprendido con quien prometiera un “capitalismo para todos”, sin enterarse que en el capitalismo neoliberal que se plantea el gobierno, los pobres subvencionan a los ricos con una transferencia escandalosa de recursos humanos, económicos y de soberanía que impactará en sus vidas y en su futuro.
Su afirmación de que “nació en cuna de oro” trata de explicar un fenómeno que no contempla la esencia del modelo que intentarán implementar con una imaginable carga de xenofobia, ya expresada durante el golpe de Estado de 2019, que costara la vida de decenas de trabajadores y que va mucho más allá de la desconexión entre el gobierno y la realidad de los bolivianos.
La respuesta de Rodrigo Paz no se ha hecho esperar y a través del Decreto 5515, se crea la figura inconstitucional de la “Presidencia a distancia”, o sea Paz podrá gobernar desde el exterior.
Con una resolución exprés, en tiempo récord, entre el 29 y el 31 de diciembre, el Gobierno logró aprobar el Decreto Supremo 5515, que permite que el presidente ejerza sus funciones “a través de medios tecnológicos de comunicación, en caso de encontrarse fuera del territorio nacional de manera temporal”. La medida surge antes de su viaje al Foro Económico Mundial en Davos y generó inquietud en algunos legisladores del PDC ante la eventual suplencia de Lara, quien se declaró opositor al Gobierno.
La norma “tiene por objeto modificar el Decreto Supremo N° 4.857, de 6 de enero de 2023, Organización del Órgano Ejecutivo” y “se modifica el artículo 9″. Antes, este apartado solo recordaba que el presidente contaba con las atribuciones del artículo 172 de la CPE, pero ahora añade que deberá ejercerlas “a través de medios tecnológicos de comunicación, en caso de encontrarse fuera del territorio nacional de manera temporal”, estableciendo además comunicaciones formales si fuera imposible usar dichos medios.
También cambia el alcance del rol del vicepresidente. Antes, el artículo 10 señalaba que “la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional tiene las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado”, pero ahora precisa que “la Vicepresidencia del Estado tiene como funciones gestionar y coadyuvar acciones en el marco de la dirección de la política general del Gobierno” y que, en caso de suplencia temporal, actuará según el detalle instruido por el presidente y en coordinación con el Ministerio de la Presidencia.
El Decreto Supremo 5503
El Decreto Supremo 5503 agrega una conflictividad que torna más volátil la situación de desigualdad que pretende imponer el gobierno beneficiando a la clase dominante que se aferra a su estatus mientras la población sufre las consecuencias.
Este instrumento del poder ejecutivo boliviano, contempla un articulado que, en el mismo tenor que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos planteada por Javier Milei, contiene el núcleo para la realización de las reformas estructurales que le plantea el FMI para avanzar sobre la Constitución Plurinacional y actuar en función de: “restablecer la estabilidad macroeconómica, recuperar la liquidez interna y fortalecer las reservas internacionales, así como garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, reactivar la producción, la inversión y el empleo”.
El decreto también modifica el rol del Banco Central, incentiva la inversión extranjera mediante una mayor seguridad jurídica y procesos de aprobación acelerados, establece el arbitraje internacional para la resolución de disputas e incluye beneficios fiscales para las élites económicas. Este paquetazo es un ajuste “neoliberal 2.0” alineado con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y no con los intereses nacionales.
El retorno del ajuste y el desafío de la lucha popular
Las movilizaciones de trabajadores de distintos sectores, desde la minería hasta la educación, han dejado claro que la resistencia a estas políticas es inminente. La represión policial, que ha incluido el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes, solo ha avivado el fuego de un descontento que se siente legítimo y urgente.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Nacional de Cooperativas Mineras han liderado estas protestas, pese a las apetencias de algunos sectores marginales del sindicalismo que se venden sin entender que tarde o temprano tendrán que responder ante los más necesitados.
Si bien la central obrera ha participado de las mesas de diálogo con el gobierno, ante la modificación parcial del decreto, se han levantado y exigido la abrogación total del mismo este jueves 8 de enero y continúan con los bloqueos y paro indefinidos.
Este descontento social no es solo una reacción a la eliminación de los subsidios, sino una respuesta a un sistema que ha elevado en un par de semanas un 86% la gasolina y un 162% el diésel, elevando el costo de los alimentos y las mercancías en general, priorizando los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría.
Las promesas del gobierno son un espejismo, pues las medidas adoptadas sólo favorecen a la oligarquía agroindustrial y a los sectores privilegiados que generan la fuga de divisas a paraísos fiscales antes de que ocurra una hecatombe.
Es evidente que el camino hacia la solución de esta crisis es complejo y requiere un enfoque integral. La creación de comisiones de trabajo y la promesa de diálogo no son más que medidas distractivas que no abordan el verdadero problema de la economía boliviana.
La libre exportación sin la obligatoriedad de depositar los dólares en el Banco Central agrava el problema con las divisas. El incremento de la luz en más del 50%, en zonas que no están dentro del sistema interconectado nacional y que se nutren de los combustibles fósiles empeora el panorama en el mediano plazo.
El gobierno no escucha al pueblo y actúa en función de los intereses de los grupos de poder, que presionan para que esta oportunidad de “oro” que han logrado electoralmente se consolide cueste lo que cueste.
Elecciones subnacionales
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) ha determinado que entre el 12 de enero y el 5 de febrero de 2026 las agrupaciones, alianzas y partidos políticos pueden sustituir a los candidatos que fueron inhabilitados de cara a las elecciones subnacionales de este año.
Alrededor de 26.000 candidaturas de las 34.000 registradas fueron inhabilitadas porque incumplieron algunos de los requisitos que establecía la convocatoria de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo del 2026.
Las organizaciones políticas deben sustituir estas candidaturas de personas inhabilitadas “de manera inmediata”.
En las elecciones subnacionales de Bolivia de 2026 se elegirán nueve (9) gobernadores y asambleístas de los nueve departamentos o regiones, vicegobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando, y en Beni a subgobernadores y corregidores, 336 gobiernos municipales y concejales municipales; un Ejecutivo Regional y del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en el departamento de Tarija.
Son 4.962 autoridades políticas que se elegirán en todo el país: 583 a nivel departamental, 27 a nivel regional y 4.352 a nivel municipal, entre titulares y suplentes, con los sindicatos y movimientos sociales en plan de lucha y una situación económica cada vez peor, el gobierno está entre la espada y la pared y el fantasma del golpe de Estado comienza asomarse en los análisis que prevén el agravamiento de la situación política y económica.
La Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) de Tarija se incorporó a la lucha en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, ante el ingreso de la empresa Petrobrás a la zona protegida para desarrollar actividades extractivas en esta área protegida, pese a la oposición expresada por los comunitarios que habitan en la región.
Mauricio Aramayo, persona cercana al presidente Rodrigo Paz, director departamental del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, quien días atrás había presentado su renuncia al cargo con la intención de habilitarse como candidato en las próximas elecciones subnacionales, fue abatido en un acto de sicariato por sujetos que se desplazaban en una moto en Tarija en la noche del 8 de enero de este año.
Con cada incidente y cada provocación del gobierno y los grupos del poder, el pueblo boliviano tiende a reflexionar y a organizarse volviendo a su experiencia histórica y a la riqueza conceptual que lo llevara al poder, es por ello que la lucha de los trabajadores bolivianos debe ser apoyada y amplificada, porque su determinación es un faro de esperanza en tiempos oscuros.
La historia de Bolivia está en juego, y el futuro del país depende de la capacidad de su pueblo para unirse y exigir un cambio real en el que sea participante y no un convidado de piedra.
Oscar Rotundo* Analista político internacional. Editor de PIA Global
Foto de portada: @FreddyteleSUR
