En un nuevo capítulo de su cruzada contra el Estado, Javier Milei sufrió un revés judicial este 26 de junio cuando la justicia argentina suspendió provisionalmente su decreto para eliminar el feriado del Día del Trabajador Estatal (27 de junio). La medida, impulsada por el ultraliberal presidente como parte de su demonización del sector público, fue bloqueada tras un recurso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Milei, quien en un discurso en La Plata celebró la eliminación del feriado sin mencionar el fallo judicial, justificó su decisión con un argumento maniqueo: “El empleado público no puede tener privilegios sobre el sector privado, que es quien paga su salario”. Su portavoz, Manuel Adorni, fue más lejos: tachó la conmemoración —establecida en 2013 durante el gobierno de Cristina Kirchner— como parte del “culto al estatismo”. Detrás de la retórica anti-Estado, el ministro Federico Sturzenegger reveló el verdadero objetivo: ahorrar 11 mil millones de pesos (unos 50 millones de reales), suma irrisoria frente al ajuste que ya sufren los trabajadores tras 50 mil despidos en 18 meses.

La suspensión judicial es un respiro, pero no detiene la ofensiva de Milei. Mientras su gobierno celebra el primer superávit fiscal en 14 años —logrado a costa de recortes salvajes en educación, ciencia y derechos laborales—, miles de docentes, jubilados y sindicatos salieron a las calles esta semana. Las velas frente al ex Ministerio de Educación simbolizan el oscurantismo de un gobierno que, obsesionado con equilibrar números, ignora que detrás de cada feriado eliminado hay trabajadores exhaustos y un Estado que, lejos de ser “la encarnación del mal”, es la última red de contención para millones.

Milei sigue empeñado en gobernar por decreto, pero la justicia y la calle le recuerdan que incluso los dogmas libertarios tienen límites. La pregunta es: ¿cuánto