Javier Milei, el presidente argentino, acaba de vetar una ley clave para asistir a Bahía Blanca, la ciudad devastada en marzo por inundaciones que dejaron 18 muertos, pérdidas millonarias y una población en ruinas. El decreto, publicado este 24 de junio, rechaza la creación de un fondo de 200 mil millones de pesos (unos 934 millones de reales) aprobado por el Congreso, donde solo 32 votos —todos del oficialismo ultraliberal— se opusieron.

El argumento de Milei es técnico y brutal: la ley no especifica la “fuente de financiamiento”, contradiciendo su dogma de equilibrio fiscal. Su gobierno alega que ya entregó ayudas únicas de hasta $2.500 dólares a 32 mil afectados, pero omite que eso es insuficiente frente a daños estimados en $400 millones de dólares. El veto anula subsidios, créditos blandos, exenciones fiscales y plazos de gracia para las víctimas, medidas urgentes tras una catástrofe donde lluvias torrenciales arrasaron barrios enteros en horas, dejando cadáveres de niñas entre los escombros.

La decisión refleja la esencia de Milei: priorizar la ortodoxia económica sobre vidas humanas. Mientras el Ejército y gobiernos locales actuaron, él llegó tardíamente a la zona y ahora recorta ayudas bajo una retórica de “ajuste”. La oposición lo tilda de cruel; los números le dan la razón. Con mayoría en el Congreso, su partido La Libertad Avanza podría bloquear cualquier intento de revertir el veto.

Milei transforma la tragedia en un mensaje político: su revolución libertaria no hará excepciones, ni siquiera para los que pierden todo. El costo lo pagan los bahienses, abandonados a su suerte en nombre de un dogma.