En los últimos meses, Argentina ha sido testigo de una preocupante alza en los precios de los productos agrícolas y alimenticios, una situación que ha agravado la ya crítica pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos. En este contexto, es inevitable cuestionar las políticas y posturas económicas promovidas por el presidente Javier Milei, cuyas promesas de liberalización económica parecen estar generando más perjuicios que beneficios para los sectores más vulnerables.

Un informe reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha puesto en evidencia cómo el aumento en los precios de los alimentos y productos agrícolas ha golpeado directamente al bolsillo de los consumidores. Según este documento, los precios de los productos de la canasta básica han aumentado hasta un 40% en los últimos meses, superando ampliamente el incremento promedio de los salarios. Este desequilibrio ha llevado a que más del 60% de las familias argentinas manifiesten dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Uno de los pilares del discurso de Milei durante su campaña fue la promesa de eliminar regulaciones y abrir completamente el mercado, confiando en que el “libre juego” de la oferta y la demanda resolvería los problemas estructurales de la economía argentina. Sin embargo, la realidad ha demostrado que este enfoque ha beneficiado desproporcionadamente a los grandes conglomerados exportadores, mientras que los pequeños productores y los consumidores finales han quedado atrapados en un sistema que favorece la especulación y los precios inflados.

La falta de control estatal sobre las exportaciones de productos básicos, una medida implementada bajo la administración Milei, ha llevado a que buena parte de la producción agrícola se destine al mercado internacional. Esto ha provocado una reducción significativa de la oferta local, generando aumentos desmedidos en los precios de alimentos esenciales como el trigo, el maíz y la carne. Mientras tanto, las familias argentinas se ven obligadas a gastar una proporción cada vez mayor de sus ingresos en la compra de alimentos, lo que reduce su capacidad de satisfacer otras necesidades básicas.

Según el informe de la CAME, el impacto en las economías regionales también es notable. Los pequeños y medianos productores, que representan el 80% de la producción agrícola nacional, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema debido a la falta de acceso a créditos y subsidios. En este sentido, el informe destaca que cerca del 35% de estos productores enfrentan dificultades para cubrir sus costos operativos, lo que podría traducirse en un aumento del desempleo y una mayor concentración de la riqueza en el sector agroexportador.

A esto se suma la desregulación cambiaria promovida por Milei, que ha intensificado la volatilidad del peso frente al dólar. Los productores agrícolas, al tener la posibilidad de liquidar sus exportaciones a un tipo de cambio más favorable en el mercado internacional, encuentran pocos incentivos para vender en el mercado interno a precios razonables. El resultado es una espiral inflacionaria que parece no tener fin, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos.

El impacto de estas políticas en la población es devastador. Según datos recientes, el salario promedio ha perdido cerca del 30% de su poder adquisitivo en los últimos dos años. Esto significa que millones de argentinos no pueden acceder a una alimentación adecuada ni a bienes y servicios esenciales. El aumento en los niveles de pobreza e indigencia refleja cómo las políticas de Milei han profundizado las desigualdades sociales en lugar de reducirlas.

Además, la retórica antikeynesiana del presidente ha llevado al desmantelamiento de programas de asistencia social que habrían podido mitigar los efectos de estas políticas. En lugar de fortalecer mecanismos que protejan a los sectores más vulnerables, Milei ha optado por reducir el gasto público de manera indiscriminada, dejando a millones de argentinos sin herramientas para enfrentar la crisis.

Otro aspecto preocupante es la falta de atención a las necesidades de los pequeños y medianos productores agrícolas, quienes también han sido afectados negativamente por estas políticas. La eliminación de subsidios y la falta de créditos accesibles han llevado a que muchos de ellos enfrenten dificultades para mantenerse competitivos frente a los grandes exportadores. Esto no solo impacta en la economía local, sino que también contribuye a la concentración de tierras y recursos en manos de unos pocos, un fenómeno que Milei prometió combatir pero que, en la práctica, ha intensificado.

Por otro lado, la postura del gobierno frente a la inflación resulta sumamente cuestionable. La decisión de no intervenir en los mercados para controlar los precios ha sido justificada bajo el argumento de evitar distorsiones en la economía. Sin embargo, esta inacción ha permitido que los precios se disparen, afectando especialmente a los alimentos, que constituyen una porción significativa del gasto de las familias de menores ingresos.

El discurso de Milei también ha minimizado la importancia de la seguridad alimentaria como una cuestión de interés nacional. Su insistencia en que “el mercado lo resuelve todo” ignora que el acceso a alimentos básicos no puede dejarse a merced de las fuerzas del mercado, especialmente en un país donde las desigualdades estructurales ya son profundas.

Es fundamental que los ciudadanos argentinos exijan un cambio de rumbo. La historia reciente demuestra que la liberalización extrema de los mercados no es la solución para los problemas económicos y sociales del país. En lugar de seguir privilegiando a los grandes actores económicos, el gobierno debe adoptar políticas que promuevan la producción local, garanticen precios accesibles para los consumidores y protejan a los sectores más vulnerables.

Asimismo, es urgente que se restablezcan controles que eviten la especulación y que se implementen programas de asistencia para quienes más lo necesitan. La economía argentina requiere un enfoque equilibrado que combine el dinamismo del mercado con un estado presente y activo que garantice el bienestar de todos sus ciudadanos.

En conclusión, el modelo económico impulsado por Javier Milei está lejos de cumplir con sus promesas de prosperidad y desarrollo. Por el contrario, ha exacerbado los problemas de inflación, desigualdad y pobreza, poniendo en jaque el futuro de millones de argentinos. Es hora de repensar estas políticas y de adoptar un enfoque que priorice el bienestar colectivo por encima de los intereses de unos pocos.