El presidente Javier Milei ha tomado una decisión controversial al autoproclamarse con la facultad de fijar y aplicar penas, más allá de lo que dicta el Poder Judicial.

Esta medida surgió tras la ratificación por parte de la Sala IV de la Cámara de Casación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad. En consecuencia, Milei anunció que le retirará a la ex presidenta “la jubilación que le corresponde por sus dos mandatos al frente del Ejecutivo (2007-2011 y 2011-2015), así como la pensión por viudez que recibe desde el fallecimiento de Néstor Kirchner”. La respuesta no se hizo esperar. CFK le preguntó irónicamente si, además de ser presidente, también quería crear un “Tribunal de Honor” para juzgar a los ex presidentes y ex presidentas del país, acusándolo de mostrar su verdadera faceta de “pequeño dictadorzuelo”. Según constitucionalistas, el Poder Ejecutivo no tiene competencia para tomar decisiones en este ámbito, ya que se trata de un derecho consagrado por ley.

Este tipo de intervenciones por parte del Ejecutivo se encuentran bajo una fuerte crítica legal, pues diversos abogados señalan que la administración pública no posee facultades para revocar un acto administrativo relacionado con pensiones establecidas por un régimen especial aprobado por ley. Además, se considera aún más sorprendente que la medida se extienda a Néstor Kirchner, quien no fue parte del fallo, pero cuyo beneficio podría ser afectado por la decisión de Milei, ya que la ley sólo excluye a aquellos expresidentes que hayan sido removidos de su cargo por juicio político o sumario por mal desempeño. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez remarcó que el artículo 29 de la ley 24.018 solo permite la exclusión de quienes sean destituidos por un procedimiento específico de juicio político.

En medio de este escándalo, el vocero de Milei, Manuel Adorni, fue quien comunicó la decisión en una conferencia de prensa, y desde el Ministerio de Capital Humano se detalló que la baja ya había sido ejecutada, aunque se publicaría al día siguiente. En un comunicado oficial, se explicó que la medida no era una sanción accesoria a la condena penal, sino una consecuencia necesaria ante lo que se consideró una “indignidad” por la condena a CFK por administración fraudulenta. La Casa Rosada argumentó que, dada la culpabilidad de la expresidenta por un delito contra la administración pública, no era posible que continuara recibiendo pensiones otorgadas por el buen desempeño de su función. Ante esto, Cristina Kirchner respondió rápidamente, cuestionando el proceder del presidente y acusándolo de querer asociarse con la “mafia judicial” para perseguirla. A su vez, le recordó que las pensiones de expresidentes no se otorgan por buen desempeño, sino por mérito de haber sido elegidos democráticamente por el pueblo.

La ex mandataria también señaló que el juicio al desempeño de un presidente solo puede ser realizado por el Congreso a través del juicio político, y comparó su caso con el de otras viudas de expresidentes, como la de Fernando de la Rúa, quien también cobra una pensión pese a las críticas y problemas de su gobierno. CFK destacó que la pensión no depende de la evaluación del desempeño, sino del hecho de haber sido elegidos por el pueblo. En este contexto, surgieron respuestas desde diferentes sectores, incluyendo a Zulema Menem, quien defendió a su madre, Inés Pertiné, señalando que las pensiones de expresidentes han sido siempre parte de un derecho adquirido, sin importar las circunstancias de su mandato. En paralelo, desde La Cámpora se recordó que otros expresidentes, como De la Rúa y Menem, también tienen pensiones millonarias, a pesar de las críticas a sus gobiernos.

Por otro lado, en una entrevista reciente, el presidente Milei había manifestado que la jubilación de CFK era un “derecho adquirido” que no podía tocar, pero parecía haber cambiado su postura tras la ratificación de la condena. En respuesta a este giro, algunos sectores del oficialismo temen que Milei esté tomando decisiones que puedan afectar su imagen, mientras que desde el Ministerio de Capital Humano ya se prepara otro paso: el ataque a la jubilación de Amado Boudou, ex vicepresidente condenado por corrupción. Sin embargo, no se menciona nada sobre el caso de Mauricio Macri, quien también recibe una pensión privilegiada, a pesar de las numerosas investigaciones judiciales en su contra. En este punto, se abre un debate sobre si estas medidas son consistentes o si se trata simplemente de un ajuste político destinado a debilitar a la oposición, mientras se protegen figuras cercanas al presidente.

Este episodio pone de manifiesto la creciente tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, mientras surgen dudas sobre la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno de Milei. La discusión sobre las pensiones de los expresidentes y las acusaciones de abuso de poder reflejan un clima político enrarecido, donde las instituciones y los derechos adquiridos están siendo cuestionados, lo que plantea importantes interrogantes sobre el futuro de la democracia en Argentina.